Guatemala en el borde


Foto: EFE/Edwin Bercián

Cuando el Papa Francisco llegó al país, hace ya un año, se hizo esta pregunta “¿Qué pasa en el Perú que todos los presidentes terminan sus mandatos y van presos?". Si aquí cinco de nuestros ex mandatarios (Fujimori, Toledo, García, Humala y Kuczynski) tienen procesos judiciales, en otro país latinoamericano como Guatemala sucede exactamente lo mismo. Cinco de sus gobernantes, incluyendo el actual, se enfrentan a graves acusaciones de corrupción. Uno de ellos ya está en la cárcel, otro con impedimento de salida y uno fugado en el extranjero gracias a un asilo político. ¿Les parece conocida la historia?

Guatemala vivió durante muchos años una cruenta guerra civil que al culminar derivó en una repartija de poder en las sombras por parte de militares, paramilitares, guerrilleros y mafias organizadas que pretendían, desde el gobierno de turno, impulsar la impunidad. No es de extrañar que la sentencia por genocidio contra el dictador Efraín Ríos Montt, en cuyo gobierno de facto se asesinó a 25 mil indígenas, fuese anulada por una corte guatemalteca. Ríos Montt murió en libertad hace un año luego de que se le considerase incapaz de afrontar otro juicio.

El empresario, Óscar Berger, uno de los ex mandatarios guatemaltecos que no ha pasado por los tribunales, solicitó ayuda a la ONU para poner en funcionamiento una comisión que con personal y cofinanciamiento externo investigue los casos de corrupción en las altas esferas del gobierno. Así en el 2006 se crea la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala conocida como CICIG.

El rol de la CICIG ha sido clave para llevar a los juzgados a personalidades de la política, el ejército y el empresariado guatemalteco. Como nunca antes, los ilustres y poderosos eran citados por la justicia y condenados a prisión. A la fecha cerca de 700 personas han sido procesadas y más de 300 han tenido condena efectiva. Todo un logro en un país donde la criminalidad estaba enquistada a nivel estructural.

Los peces gordos

Foto: EFE

Jorge Serrano Elías el impopular expresidente guatemalteco que reconoció la independencia de Belice, país con el que Guatemala tiene aún un diferendo territorial, imitó a Alberto Fujimori disolviendo el Congreso, cerrando las cortes de justicia y censurando a medios opositores en 1993. El autogolpe guatemalteco no tuvo apoyo popular y no se plegaron a él las fuerzas armadas por lo que Serrano Elías tuvo que dejar el cargo a su vicepresidente. Viajó a Panamá donde vive impunemente  gracias al asilo político otorgado por su amigo de entonces, el presidente panameño Guillermo Endara. 

Foto: Critica.com

Alfonso Portillo, un político izquierdista que postuló por el partido más derechista de Guatemala, obtuvo el cargo presidencial para el periodo 2000 – 2004. En el 2001 se encontraron cuentas bancarias en Panamá ligadas a su círculo más cercano e incluso familiar donde presumiblemente se habría depositado dinero de las arcas guatemaltecas. Al terminar su mandato fue investigado por desviar 500 millones de dólares de las arcas nacionales a cuentas particulares. La Corte de Constitucionalidad le quitó la inmunidad obtenida por ser Diputado del Parlamento Centroamericano y Portillo huyó a México, país del cual fue extraditado en el 2008 para enfrentar un proceso en su contra liderado por la CICIG. Estados Unidos también lo reclamó y fue extraditado en 2013 para afrontar un juicio por lavado de activos; el expresidente se declaró culpable y logró que se le baje la pena por este delito estando solo un año en prisión en territorio norteamericano.  

Foto: AP/Luis Soto

El socialdemócrata Álvaro Colom, uno de los presidentes que mayores programas sociales implementó en el país, fue investigado por la CICIG por presuntamente haber favorecido a su Secretario de Presidencia, Gustavo Alejos, quien fue su financista durante las campañas presidenciales del 2003 y 2007. Desde la sombra, Alejos favorecía a sus empresas y sus familiares con contratos en el Estado. Gloria Torres, hermana de la Primera Dama, también fue detenida por estafa y cobro de comisiones ilegales. Un ex dirigente del partido de Colom, vinculado al narcotráfico y que fue asesinado en el 2010, cerraba esta tríada de corrupción en el seno de la presidencia. Álvaro Colom se encuentra con arresto domiciliario luego de admitir que conocía y toleraba estos actos bajo su administración.

Foto: France-Presse - Getty images/Johan Ordonez

A Colom, le sucedió el presidente Otto Pérez Molina, quien nombró a Thelma Aldana como Fiscal de la Nación. Aldana, quien ha aceptado postular a la Presidencia en las próximas elecciones, es uno de los personajes claves en la lucha contra la corrupción en el país. La fiscal, junto con la CICIG, destaparon el caso “La línea”, una red de corrupción aduanera, mediante la cual grandes empresas importadoras podrían beneficiarse ilícitamente tras negociar por vía telefónica con altos mandos gubernamentales. Las redes de esta telaraña corrupta alcanzaron al mismo Pérez Molina y su vicepresidenta Roxana Baldetti, quienes al ser expuestos renunciaron a sus cargos en la peor crisis política guatemalteca en años. Desde el 2015, Pérez Molina se encuentra bajo prisión preventiva por este caso y actualmente hay investigaciones sobre los nexos de Odebrecht con su gestión.

Foto: Nómada/Carlos Sebastián

El actual presidente Jimmy Morales, un excéntrico excomediante televisivo y el tercer evangélico en ocupar la presidencia luego de Efraín Ríos Monnt y Jorge Serrano Elías, llegó al poder con el lema “ni corrupto, ni ladrón”. Juzgado por su nula experiencia política al asumir el cargo, Morales se mostraba como un renovador en tiempos en los que la CICIG estaba enviando a prisión a varios intocables. De hecho, el autodenominado “nacionalista cristiano”, era al inicio de su mandato un personaje muy cercano a la entidad y compartía conferencias de prensa con Iván Velasquez, el Comisionado de la CICIG, y Thelma Aldana, la Fiscal Superior.

La relación entre el presidente y la CICIG se resquebrajó luego que se sindicara a su hijo, José Manuel Morales, y a su hermano, Samuel Morales, como parte de una red de corrupción que emitió facturas fantasmas al Estado, como el caso de los 564 desayunos que nunca se sirvieron al Registro General de la Propiedad. Si bien estos casos se dieron cuando aún Morales no era presidente, desde entonces muchas investigaciones periodísticas empezaron a centrarse en el mandatario, quien además es el mejor pagado de toda Latinoamérica con un sueldo 50 veces mayor al salario mínimo de su país. A pesar de su bien remunerado puesto se descubrió que sus gastos personales como masajes, regalos, entradas al cine y sus famosos lentes Carolina Herrera eran facturados directamente a la casa presidencial como "otros rubros".

La gota que derramó el vaso y abrió un conflicto frontal entre Presidencia y la CICIG fue la investigación sobre el ingreso de dinero ilícito en su campaña presidencial al no declarar un millón doscientos mil dólares. Desde que salieron las denuncias, Morales actuó de manera desproporcionada frente al ente internacional calificándolo como “una comisión que excede en sus funciones y es una amenaza para la paz”.

Morales ha expulsado a los 11 funcionarios de esta entidad que contaba con un 70% de aprobación popular y ha decidido dar por concluido unilateralmente el acuerdo con la ONU que creaba a la comisión, algo a todas luces inconstitucional y que probablemente no será aceptado por la Corte de Constitucionalidad.

En medio de las protestas masivas contra el mandatario, una prensa hostilizada por el gobierno y la desacreditación del Ministerio Público por parte del régimen, los organismos internacionales ven con preocupación lo que sucede al interior de un gobierno cada vez más próximo a la ilegalidad.

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